EL PROCESO DEL PREMIO
Convocatoria
Inscripción
Capacitación Talleres de Formación
Diagnóstico Organizacional
Entrega Guía de Autoevaluación
Proceso de Evaluación
Actuación del Consejo Consultivo
Premiación
La valorización de la calidad en la gestión pasó a ser un tema de la agenda internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Japón fue el primer país que, con el propósito de elevar el standard de vida de su población por medio de la revitalización de su economía, comenzó a impulsar la aplicación de técnicas de control de calidad, contando para ello con el asesoramiento y asistencia del especialista estadounidense Dr. W. E. Deming.
Como resultado de dicha tarea en 1951, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses instituyó el «Premio Deming» que a la postre se asociaría con los conceptos de Calidad Total o Calidad en Toda la Empresa.
Más tarde, en 1987, Estados Unidos instituyó por Ley el Premio Anual de Calidad para promover la conciencia y cultura de la calidad y difundir las estrategias exitosas para el logro de la calidad.
Asimismo, en Europa numerosos países incorporaron el Premio Nacional a la Calidad y en 1992 se entregó, por primera vez, el premio de la Comunidad Económica Europea, a través de la intervención de la Fundación Europea para la Calidad.
Años más tarde, esta tendencia a reconocer la calidad en la gestión se propagó en América Latina. México, Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Chile, crearon su Premio Nacional de la Calidad.
En la década de 1990, Argentina dio pasos importantes para impulsar cambios culturales asociados a los valores de la calidad y la eficiencia. En agosto de 1991 se presentó un proyecto de Ley de Declaración de Interés Nacional al Mejoramiento de la Calidad. Posteriormente, en 1994, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24127 que instituye el Premio Nacional a la Calidad.
La XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno sancionó en el 2008, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, el Premio Nacional a la Calidad.
La Provincia de San Juan se basa en estos antecedentes y a través de su Cámara de Diputados, sanciona su Ley Provincial Ley 7.910 (posteriormente renombrada por el Digesto Jurídico como Ley Nº 971-F), fruto de un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan. En dicho marco, se previó la ejecución conjunta de proyectos de capacitación, formación e investigación, académicos y culturales en áreas de mutuo interés, así como para la formación y el perfeccionamiento de los agentes públicos.
Desde entonces, y de manera ininterrumpida el Gobierno de San Juan anualmente reconoce las iniciativas exitosas en gestión de la calidad en organizaciones públicas y privadas.
La Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, vinculada al Poder Ejecutivo Provincial a través del del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, será la autoridad de aplicación del Premio Provincial a la Calidad, en lo que respecta al sector privado.
La Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, será la autoridad de aplicación del Premio Provincial a la Calidad, a otorgarse en los organismos y dependencias de la Administración Pública.
A ambas instituciones le corresponde disponer lo necesario para su establecimiento e instrumentación.
El Premio Provincial a la Calidad cuenta con un Código de Ética que garantiza que toda la información presentada por las organizaciones participantes y aquella que se genere durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al del proceso de evaluación y selección.
Los evaluadores y miembros del Consejo Consultivo deben firmar una Declaración Jurada que acredita el conocimiento y adhesión al Código de Ética.
Asimismo, se garantiza que los evaluadores que participen del proceso no podrán tener relación alguna con las organizaciones participantes que pueda opacar la transparencia del proceso